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[GONZALO G. PADUA](https://lawyerly.ph/juris/view/ce65b?user=fbGU2WFpmaitMVEVGZ2lBVW5xZ2RVdz09)
{case:ce65b}
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[ GR No. L-2429, Jul 27, 1950 ]

GONZALO G. PADUA +

87 Phil. 113

[ G.R. No. L-2429, July 27, 1950 ]

GONZALO G. PADUA, DEMANDANTE Y APELADO, CONTRA RIZAL SURETY & INSURANCE CO., DEMANDADA Y APELANTE.

PABLO, J.:

Del expediente reconstituido hallamos los siguientes hechos:

En 13 de mayo de 1940 la demandada aseguró por P14,000 los efectos y mercancías del bazar del demandante sito en los Nos. 8-12 de la Escolta, Manila.  Quemado el establecimiento con las mercancías aseguradas, el demandante reclamó el pago de la póliza de seguro, y la demandada rehusó pagar.  El demandante presentó la acción correspondiente en el Juzgado de Primera Instancia de Manila y después de la vista que se siguió, el juzgado condenó a la demandada a pagar P7,033.79 con intereses legales desde la presentación de la demanda en 16 de octubre de 1940.  La demandada apeló.

Vista la causa, el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia apelada, concediendo, además, al demandante en concepto de rentas la cantidad de P2,160.

Devuelto el expediente al Juzgado de Primera Instancia de Manila, la demandada quiso pagar al demandante el importe fijado en la sentencia, pero la demandada no encontró a aquél.  Por este motivo, la demandada consignó en la escribanía, con permiso del Juzgado, la suma de P10,000 en papel moneda puesta en circulación por el ejército japonés.

Al tiempo de la consignación, el demandante era capitán de la East Central Luzon Guerrilla Unit, y, como tal, estaba continuamente en movimiento de un lugar a otro en Ilocos Sur, La Unión, Baguio, Isabela y Nueva Vizcaya.  Nunca había recibido información de la demandada sobre la consignación hecha en la escribanía del juzgado.

A petición del demandante el expediente fue declarado reconstituido en 14 de noviembre de 1947.  En 28 de noviembre del mismo año el demandante presentó una moción pidiendo que se expidiese orden de ejecución de acuerdo con la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación.  La demandada se opuso, alegando que el importe de la cantidad fijada en la sentencia había sido pagado en septiembre de 1944 mediante consignación en la escribanía del juzgado en la suma de P10,000 en papel moneda expedida por el ejército japonés.

Después de oir a ambas partes, el Juzgado de Primera Instancia dictó decisión en 29 de mayo de 1948 declarando a que la demandada, después de devuelto el expediente por el Tribunal de Apelación, hizo esfuerzos para hallar al demandante para pagarle el importe de la sentencia y no le encontró ni en su domicilio en Pasay, ni en su bufete en Manila; que por tal motivo, la demandada pidió permiso al Juzgado para depositar en la escribanía el importe de la sentencia y, en efecto, depositó P10,000 en billetes militares japoneses en los primeros días o primera parte del mes (early part of September, 1944, según expresión textual del Juzgado a quo), y que el expediente y los papeles y recibo del depósito que tenía la demandada se destruyeron en la batalla de liberación, y (b) que la consignación hecha por la demandada es ineficaz y no la releva de su responsabilidad para con el demandante de pagarle el importe de la cantidad dispuesta en la sentencia.  Contra esta decisión la demandada acude directamente en apelación a este Tribunal alegando que el Juzgado a quo erró en la aplicación del artículo 1180 del Código Civil.

El artículo objeto de discusión dispone: "Hecha debidamente la consignación, podrá el deudor pedir al Juez que mande cancelar la obligación.  Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación, o no hubiere recaído la declaración judicial de que está bien hecha, podrá el deudor retirar la cosa o cantidad consignada, dejando subsistente la obligación."

Manresa, en sus comentarios sobre dicho artículo, dice lo siguiente:
"Es la primera de las cuestiones de que tratan estos artículos, y dados los términos en que el 1180 la formula, es indudable que se refiere, principalmente, no al caso de que el acreedor impugne la consignación, planteándose un litigio, sino al de que sin oposición de aquel se necesite una resolución que, sancionado lo hecho por el deudor, dé al acto de éste una legitimidad que el por sí mismo no puede conferirle, y evite que por la pasividad de dicho acreedor subsista indefinidamente la obligación.

"Que a este segundo supuesto se contrae el artículo, lo revela la necesidad de un precepto que satisfaga aquella necesidad; la mención del deudor tan sólo, como parte de ese procedimiento especial, y la consideración de que, surgiendo un litigio, no puede adoptarse la medida de que habla el artículo ínterin no se resuelva aquél.

"Serán, por tanto, condiciones de forma para que tal resolución pueda adoptarse, que el acreedor sea incierto, desconocido o ausente, sin representación legítima ni posibilidad de citarle, y que en el caso de conocérsele, y dársele traslado, cual creemos en esa hipótesis necesario, de la solicitud de cancelación formulado por el deudor, ni se conforme con ella ni la impugne.

"Hemos dicho al comenzar esta materia, aprobación judicial de la consignación, porque aún cuando la ley no dice expresamente que el Juez apruebe ésta, claramente lo da a entender en cuanto le faculta para adoptar la más trascendental medida, lo cual supone que antes de proceder a dictarla habrá de examinar la legitimidad de la consignación hecha."  (8 Man., 4."  ed., 307-308.)

Mucius Scaevola dice lo siguiente:

"En general según el art. 1176, el deudor queda libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida; lo cual completa el 1180, diciendo que después de hecha la consignación debidamente podrá el deudor pedir al Juez que mande cancelar la obligación.  Como es evidente, la consignación, remedio concedido al deudor para las dificultades que la voluntad, la ausencia o la falta de condiciones legales del acreedor pueden producirle, o sirve para liberar por completo de responsabilidad a quien la realiza, o no puede tener razón de ser ni vida práctica de ningún género.

"Pero no con lo dicho queda terminada la cuestión, pues por de pronto el mismo art. 1180, párrafo segundo, decide que mientras el acreedor no hubiera aceptado la consignación o no hubiese recaído la declaración judicial de estar bien hecha, podrá el deudor retirar la cosa o cantidad consignada, dejando subsistente la obligación.

"Advirtiendo de paso que el procedimiento judicial de la consignación tiene su término propio en la declaración del Juez de que tal consignación se ha hecho debidamente, diligencia capital del expediente de jurisdicción voluntaria a que da lugar aquel acto, se reconoce en el art. 1180 que no bastan la iniciación del procedimiento por el deudor, el anuncio de su propósito y todas las demás diligencias practicadas hasta la terminación del expediente, entre ellas la del depósito de la cosa o cantidad que se debía, para constituir un derecho permanente del acreedor y, en correspondencia con él, la liberación irrevocable de la persona obligada.  El punto de partida de esta liberación se encuentra en el auto judicial a que el art. 1180 se refiere, como también, según el mismo indica, en la aceptación hecha por el acreedor.  Hasta tanto, no se crean derechos ni obligaciones, y el deudor puede en cualquier momento retirar lo que ofreció y depositó, dejando subsistente el compromiso en los términos mismos en que se hallaba con anterioridad al depósito." (19 Scaevola, ed.,  1902, 932-933.)
En su alegato la apelante sostiene que el permiso obtenido del Juzgado para hacer la consignación es equivalente a aprobación y pregunta: "¿Había necesidad de la aprobación después de efectuada la consignación por la apelante con la previa aprobación del juzgado a quo? ¿No había sido reconocida por el juzgado la propiedad y validez de la consignación cuando ordeñó a la apelante que depositase en la escribanía del juzgado la cantidad debida al apelado?"

Es obvio que la expresa aprobación judicial era necesaria.  La aprobación se da después de hacerse la consignación, y no antes.  El permiso se da antes de hacer la consignación.  No tienen el mismo efecto.  Sin la aprobación, la cantidad consignada continuaba bajo la libre disposición de la apelante, y ella podía retirarla en cualquier tiempo.  Solamente después de aprobada la consignación es cuando se puede pedir la cancelación de la obligación.

El permiso concedido por el Juzgado a la apelante para hacer la consignación no era suficiente para que la cantidad debida se considerase pagada.  Puede suceder que el consignante deposite una cantidad menor que la debida, o que consigne una cantidad en moneda diferente de la convenida, o que no haya hecho la debida notificación al acreedor o por algún otro motivo.  En los dos primeros casos, la consignación no puede aprobarse porque no se ha hecho debidamente o de acuerdo con el artículo 1177 del Código Civil; tampoco se debe aprobar el tercer caso por incumplimiento del artículo 1178 del mismo código.  La apelante sólo depositó P10,000 y no se percató de que estaba obligada a pagar, según la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación, la suma de P7,033.79 con sus intereses legales desde el 16 de octubre de 1940 hasta el 5 de septiembre de 1944 (fecha de la consignación), que montan a P1,640.03 y los alquileres en la cantidad de P2,160 más las costas en ambas instancias.  La apelante debía consignar entonces la cantidad de P10,833.82 más el importe de las costas.  Pero solamente depositó P10,000.  No era, pues, completa la consignación.  No estaba hecha debidamente, o de acuerdo con la ley. Por eso no puede considerarse verificado el pago.  Tampoco puede considerarse cancelada la obligación.

Este caso convencerá a la apelante de lo absurdo de su teoría de que la aprobación del juzgado no era necesaria.  Si la apelante hubiese pedido la aprobación del juzgado y éste se hubiese enterado en la vista de la moción de que la cantidad depositada no cubría toda la obligación según la sentencia, no hubiera aprobado la consignación ni hubiera declarado cancelada la obligación.  Con tal resolución adversa la apelante hubiera depositado una cantidad adicional para completar el pago.  El juzgado, después de estar convencido de que las cantidades depositadas eran suficientes para cubrir toda la obligación de la apelante, hubiera aprobado la consignación y hubiera declarado cancelada la obligación.  Al fijar el 5 de septiembre de 1944 como fecha de la consignación, hemos tenido en cuenta la fecha aproximada conforme a la expresión "early part of September", que puede comprender desde el primero hasta el diez del mes; middle part (a mediados del mes) comprende desde el diez al veinte, y latter part desde el veinte hasta el treinta.  Hemos puesto el día 5, punto medio entre las fechas 1 y 10, y los intereses correspondientes a este período de tiempo que comienza el 16 de octubre de 1940 hasta el 5 de septiembre de 1944 (un período de 3 años, 10 meses y 19 días), son P1,640.03.

Los dos citados autores opinan que es necesaria la aprobación judicial de la consignación, no por disposición expresa del artículo 1180 del Código Civil, sino por deducción forzosa.  Dicho artículo dice que "podrá el deudor pedir al Juez que mande cancelar la obligación."  La moción tiene que fundarse en algún hecho y no será otro sino el de que la consignación ha sido "debidamente hecha."  El juez no ordenará la cancelación a menos que se le demuestre que en la consignación se cumplieron todos los requisitos necesarios para su validez.  Por ejemplo, 1.o que se ofreció el pago y fue rechazado;  2. o que se ha hecho la notificación de la consignación;  3. o que, hecha la consignación, se notificó debidamente del hecho al interesado (art. 1178, Código Civil; 4.o que la consignación constituye el pago completo de la obligación (art. 1177).

Si el juez no está convencido de que "la consignación está hecha debidamente," no ordenará la cancelación de la obligación.  La extinción de ésta no depende de la sola voluntad del deudor: debe intervenir la autoridad judicial para comprobar si ha sido debidamente hecha la consignación.  Será injusto que dependiese solamente del acto del deudor la cancelación de la deuda.  El orden público y el sentido de justicia exigen que un tercero así lo dictamine.  "Mientras el acreedor dice el artículo 1180 no hubiere aceptado la consignación o no hubiere recaído la declaración judicial de que está bien hecha, podrá el deudor retirar la cantidad consignada."  Bajo esta circunstancia, que la consignación está aún a disposición del acreedor su obligación queda subsistente. No puede considerarse pagada, como pretende la apelante.  En el caso presente se quemó la consignación mientras estaba a la disposición completa de ella: ella, pues, debe sufrir la pérdida, no el acreedor.

En conclusión declaramos: primero, que bajo el artículo 1180 del Código Civil la aprobación de la consignación por el juzgado es indispensable para que la obligación se considere extinguida segundo, que los P10,000 en papel moneda japonesa depositados no cubren todo el importe de la sentencia apelada que monta a P10,833.82 sin incluir las costas judiciales, y por tanto, la apelante no ha hecho una debida consignación; y tercero, que la obligación de la apelante en virtud de la sentencia del Tribunal de Apelación de 3 de julio de 1944 queda aun subsistente.

Se confirma la sentencia apelada con costas contra la apelante.

Ozaeta, Bengzon, Tuason, Montemayor, y Reyes, MM., están conformes.

Se confirma la sentencia.

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