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[JOSÉ CASIA GARCES](https://lawyerly.ph/juris/view/c2605?user=fbGU2WFpmaitMVEVGZ2lBVW5xZ2RVdz09)
{case:c2605}
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[ GR No. L-1363, Jan 30, 1948 ]

JOSÉ CASIA GARCES +

DECISION

80 Phil. 153

[ G.R. No. L-1363, January 30, 1948 ]

JOSÉ CASIA GARCES, RECURRENTE, CONTRA GERARDO BELLO, EL SECRETARIO DE JUSTICIA, Y EL JUEZ DE PRIMERA INSTACIA, DISTRITO JUDICIAL, RECURRIDOS.

D E C I S I O N

BRIONES, J.:

José Casia Garcés interpone el presente recurso de quo Warranto a fin de que per esta Corte se establezca y declare que bajo la Constituón y las leyas pertinentes el mismo es quien tiene derecho a ser reconocido como juez en propiedad del municipio de Baugen 7 del distrito municipal de Concepcion, ambos de la prorincia de Ilocos Sur, con exclusion del recurrido Gerardo Bello, quien, con la ayuda de sus correcurridos el Subsecretario de Justicia y el Juez de Primera Inatancia del Tercer Distrito Judicial, pretende ocupar el cargo en virtud de un nombramiento expedido a su favor el 5 de Diciembre de 1946.

No existe disputa sobre los siguientes hechos esenoiales, a saber;

(a) El 29 de Septiembre de 1924 el recurrente fué nombrado juez de paz del municipio de Baugen y distrito municipal de Concepoción arriba referidos por el entonces Gobernador General de Filipinas, habiéndose confirmado su nombramiento el mismo día por el Senado.

(b) Previo juramento el recurrente tomó inmediatamente posesión de su cargo y lo desempeño desde entonces sin ninguna interrupción hasta que los Japoneses ocuparon la provincia de Ilocos Sur en Enero de 1942.

(c) Durante todo el tiempo de la ocupación enemiga el recurrente no prestó servicio ni como juez de paz, ni bajo ninguna otra capacidad.

(d) Después de la liberación el gobernador militar de Ilocos Sur, Pablo Fe Benito, escribió al recurrente con fecha 3 de Abril, 1945, la siguiente carta señalada en autos como Exhíbit B:

"MR. JOSE CASIA GARCES,
"Baugen, Ilocos Sur.

"Dear Sir:

"We are now setting up the offices of the justice of the peace with the policy to restore those incumbent to their respective posts during the Commonwealth regime. For such reason please come to this office for an official interview about this matter, upon receipt hereof.
 
"Appreciating your attention hereto.
 

"Respectfully,

 
  "(Sgd.) PABLO FE BENITO
 

"Military Governor."

Respondiendo a la preinserta invitación del gobernador militar a reasumir su cargo, el recurrente procedió en efecto a reocuparlo, previa prestación del correspondiente juramento Exhibit B-2.

(e) EI 8 de Febrero de 1946 el recurrents fué nombrado por el Presidente de Filipinas Hon. Sergio Osmeña para juez ad interim de su mismo juzgado de paz. El recurrent e asevera, sin seria impugnación, que é1 no solicitó este nombramiento, el cual se habrá expedido como parte de la política general de la pasada administración de expedir nuevos nombramientos aun a los Jueces en propiedad al estallar la guerra. Dicho nombramiento fué desaprobado por la Comisión de Nombramientos el 9 de Julio de 1946.

(f) Posteriormente, o sea el 5 de Diciembre de 1946, el recurrido Gerardo Bello fué nombrado juez ad interim para el mismo juzgado de paz de Baugen y Concepción. Este es el nombramiento quo los recurridos tratan de hacer prevalecer por encima del major derecho que el recurrente reclama hacia el cargo en cuestión. De ahí la interposición del presente recurso de quo warranto.

En el asunto de Tavora contra Gavina y Arciaga, L-1257 (45 Off. Gaz., 1769), también de quo warranto. decidido recíentemente, hemos sentado la doctrina de que bajo el principio de la inamovilidad judicial establecido sólidamente en el Artículo VIII, sección 9, de la Constitución de Filipinas, y en las disposioiones legales que lo implementan, los jueces de paz en propiedad que ocupaban sub puestos al estallar la guerra del Pacifico no perdieron el derecho de reasumirlos después de restablecido el gobierno de jure, o sea el Commonwealth, siempre que no hayan dimitido, no hayan sido destituídos, o no hayan quedado incapacitados en virtud de las razones, modos y procedimientos señalados en la Constitución y en las leyes. También hemos sentado la doctrina de que el mero hecho de haber prestado servicios en el mismo ramo durante la ocupación japonesa no afecta adversamente a tal derecho.

En realidad, el presente caso es inclusive más fuerte que el anterior. En aquel caso el recurrente, Tavora, sirvió durante la ooupación japonesa; aquí, no.

"The fact that the petitioner has performed the duties of Justice of the Peace of the municipality of San Fernando, La Union, during the Japanese occupation of the Philippines, by virtue of appointment made by the Chairman of the Executive Commission, did not constitute an abandonment of his office held under the Commonwealth, because the government established in the Philippines during the Japanese occupation was not a foreign government, but a government established by the military occupant as an agency thereof to preserve order during the occupation." (Tavora vs. Gavina and Arciaga, supra.)

Se arguye, sin embargo, que el recurrente perdió de todas maneras su derecho al cargo porque después ya de la liberación aceptó, primeramente, una designación del gobernador militar, y después an nuevo nombramiento del Presidente de Filipinas Sr. Osmeña. Este argumento es todavía más insostenible, y la razón es bien clara, sencilla. La nueva designación y el nuevo nombramiento recayeron en el mlsmo juzgado de paz desempeñado y ocupado por el recurrente al estallar la guerra, y, según todas las autoridades, sólo se pierde el derecho a un cargo cuando se acepta otro incompatible con el mismo. ¿cómo va a haber incompatibilidad si se trata precisamente del mismo cargo? En realidad de verdad, tanto la designación hecha por el gobernador militar como el nombramiento expedido por el Presidente Sr. Osmeña no venían a guitar ni añadir nada al derecho constitucional del recurrente, quien hubiera podido reasumir su cargo sin necesidad de dicha designación y nombramiento.

Lo más quo aquí ha habido ha sido una restitución. en todo caso, del cargo cuyo desempeño se suspendió en virtud de las circunstancías ineludibles de la guerra y al cual tenía el recurrente perfecto derecho a volver al amparo de la Constitución y las leyes, según ya hemos visto. Es absurdo sostener que uno pierde el derecho al cargo precisamente por aceptar su devolución, Cuando el gobernador militar y el Presidente da Filipinas restauraron al recurrente en su antiguo Juzgado, el recurrente no tenía por que mirar cómo la devolvían el cargo, ni por quo poner reservas a la reocupación. El recurrent e tenía derecho a reocupar incondicionalmente el puesto restituído. y una vez hecho esto no se le puede desalojar del mismo como no sea por las razones y modos expresados en la Constitución y en las leyes.

Por último, el recurrido arguye que el recurrente no tiene derecho al puesto por no ser abogado. Si se tratase de un nuevo nombramiento el recurrido tendria razón. Pero no es este el caso. Según el artículo XVI, sección 4, de la Constitución, "todos los funcionarios cuyos nombramientos incumbe al Presidente hacer en virtud de la Constitución cesarán en sus respectivos cargos después de que hayan sido nombrados y se hayan cualificado sus sucesores, siempre que tales nombramientos se hubieran hecho dentro de un año después de la inauguración del Commonwealth de Filipinas." A tenor de este precepto constitucional, el Presidente de Filipinas pudo haber nombrado a otro en sustitución del recurrente, pero ésto só1o dentro de un año después de la inauguración del Commonwealth. Como quiera, sin embargo, que al recurrente no se le nombró sucesor dentro del año, así que el mismo continuó en su puesto hasta que estalló la guerra. Es decir, que, pasado el año, ya el recurrente tenía derecho a seguir desempeñando el cargo during good behavior, esto es, mientras observase buena conducta, según fraseología del artículo VIII, sección 9, de la Constitución, y de hecho el gobierno del Commonwealth de la anteguerra respetó el derecho del recurrente de continuar, conforme lo admiten los mismos recurridos en sus contestaciones. Ese derecho de continuar también fué respetado por el Commonwealth de la postguerra, como lo demuestra el hecho de gue el recurrente fué restaurado en su puesto después de la liberación.

En méritos de lo expuesto, establecemos y concluímos que el recurrente tiene derecho a ser declarado y reconocido como juez de paz del municipio de Baugen y del distrito municipal de Concepción, Ilooos Sur, en virtud de su nonbramíento de 29 de Septíembre de 1924, con todos los emolumentos y privilegios anejos al cargo, y que el nombramiento expedido para el mismo puesto a favor del recurrido Gerardo Bello no ha podido afectar adversamente a los derechos del recurrente.

Sin expreso pronunciamiento en cuanto a las costas.Así se ordena.

Moran, Pres., Parás, Fería, Perfecto, Padilla, y Tuason, MM., están conformes.



CONCURRENTE

PABLO, M.:

Concurro con la parte dispositiva de la opiniòn de la mayoría porque el recurrente durante el tiempo de la ocupación japonesa, no prestó servicio, ni como Juez de Paz, ni bajo otra capacidad. Por tanto, no perdió el nombramiento de Juez de Paz del Municipio de Baugen, del Distrito Municipal de Concepción, Ilocos Sur, extendido por el Gobernador General en 29 de Septiembre de 1924, y confirmado por el Senado. Tiene derecho a permanecer en el cargo, bajo la teoría de inamovilidad judicial preconizada por la Constitución, hasta la edad de setenta años.

HILADO, J.:

I concur in this opinion of Mr. Justice Pablo.

Se concede el recurso.


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